El diputado Nazario Norberto Sánchez (PRD) admitió que a pesar de que pudo ser un dictamen con mayores alcances “porque se dejaron fuera algunas de las reformas del diputado proponente, es necesario continuar el análisis y avanzar en el tema”.

El diputado Jaime Cárdenas Gracia (PT) dijo que el dictamen se elaboró con base a una iniciativa que él impulsó, “pero las partes fundamentales desgraciadamente no fueron atendidas por las comisiones unidas”.

Explicó que propuso que la Comisión Bicamaral se convirtiera en un órgano más plural, “actualmente solamente está integrada por las tres fuerzas políticas más importantes en el Congreso y los partidos minoritarios no contamos con representación en ella”.

El diputado Enrique Ibarra Pedroza (PT) subrayó que es una resolución incompleta, “que no atiende el objetivo original de su autor, fortalecer la facultad de control y supervisión del Poder Legislativo respecto del Ejecutivo”.

El diputado Gerardo Fernández Noroña (PT) enfatizó que el dictamen “está hecho trizas; es un primer paso, el intento de Jaime Cárdenas, de regular el Consejo de Seguridad Nacional, que no lo eligió nadie pero tiene más atribuciones que muchos gobiernos de los estados”.

El diputado Bonifacio Herrera Rivera (PAN), al pronunciarse a favor, señaló que las modificaciones permitirán el fortalecimiento de la facultad de control y supervisión del Poder Legislativo respecto del Poder Ejecutivo, concretamente en el tema de seguridad nacional.

Detalló que en la actualidad la Ley obliga al secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional a rendir un informe, “pero éste sólo es conocido y no se pueden dar observaciones en dicha materia, lo que impide un verdadero control y supervisión del Legislativo”.

Por ello, continuó, la importancia de conceder la facultad a la Comisión Bicamaral para emitir opinión sobre el informe general de actividades que presenta el secretario técnico al inicio del periodo ordinario de sesiones del Congreso.

Aprobado en lo general y en lo particular, se envió al Senado para sus efectos constitucionales.

Innovación tecnológica en la preservación ambiental

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó por 348 votos a favor incluir al desarrollo tecnológico y la innovación en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

La reforma, que modifica a los artículos 22, 22 Bis, 41 y 116 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, precisa que el objetivo es reducir y controlar la contaminación, así como prevenir el deterioro ambiental y promover el uso eficiente de recursos naturales.

Señala que el gobierno federal, las entidades federativas y los municipios fomentarán la investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación, que permitan prevenir, controlar y abatir la contaminación.

Asimismo propiciarán el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, preservar, proteger y restaurar los ecosistemas para prevenir desequilibrios ecológicos y daños ambientales.

La diputada del grupo parlamentario de Nueva Alianza, Cora Pinedo Alonso, proponente de la reforma, señaló que se requiere la innovación tecnológica ambiental sustentable para lograr mayor vinculación entre la investigación y las políticas públicas, a fin de abatir los problemas que aquejan al medio ambiente.

“Responde a una necesidad estratégica del país para tener instrumentos que nos permitan salvaguardar los ecosistemas y aprovechar de manera sustentable los recursos naturales” indicó.

Sostuvo que es necesario incluir el desarrollo económico y social en las políticas ambientales integrales que sean necesarias. “Podemos progresar sin comprometer el patrimonio de las futuras generaciones” afirmó.

La legisladora del PRD, María Araceli Vázquez Camacho, dijo que esta reforma tendrá un papel trascendental, ya que la innovación tecnológica ayudará de forma importante para la conservación. “Hasta ahora la innovación era parte de un modelo que causaba el desequilibrio y la contaminación”, consideró.

Por su parte, la diputada Laura Arizmendi Campos, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, mencionó que estos cambios traerán grandes beneficios ecológicos, por lo que pidió que se destinen recursos al propósito de la reforma.

Homologan diputados el concepto de residuos peligrosos

La Cámara de Diputados aprobó una reforma a la fracción XXXIII del artículo 3° de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, para establecer una nueva definición de residuos peligrosos y dar certeza jurídica en la elaboración, ejecución y control de los planes para su manejo.

La modificación aprobada establece que son residuos peligrosos , aquellos que posean alguna de las características de corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad o que contengan agentes infecciosos, así como envases, recipientes, embalajes y suelos que hayan sido contaminados al cambiarlos a otro sitio y por tanto, representan un peligro al equilibrio ecológico o el ambiente.

El dictamen menciona que hasta 2004 se tenían identificados 297 sitios contaminados con residuos peligrosos en México, de los cuales 119 se habían clasificado y priorizado de acuerdo al grado de riesgo para la salud y el ambiente, y 12 se consideraban rehabilitados o en proceso de rehabilitación.

El documento, presentado por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, fue aprobado por 343 votos en pro, cero en contra y una abstención e indica que con esta modificación se homologa el concepto de residuos peligrosos al contenido en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, con lo que se da claridad al marco jurídico ambiental.

Para hablar a favor del dictamen, el diputado Alejandro Bahena Flores (PAN) dijo que la reforma contribuirá “con una definición clara y precisa con la que se fortalece el papel que México ha jugado a nivel internacional, en materia ambiental particularmente para controlar los movimientos transfronterizos de residuos peligrosos y su eliminación, en el marco del Convenio de Basilea”.

La diputada María Araceli Vázquez Camacho (PRD) subrayó que los riesgos causados por estos residuos son un foco de atención en México y el mundo. Agregó que esta problemática tiene dos líneas: la que deriva de la existencia de sitios ya contaminados que requieren remediación y, por otro lado, la orientada a prevenir contaminación proveniente de las fuentes en operación.

Aprobado en lo general y en lo particular se envió al Senado para sus efectos constitucionales.

Obtendrán la nacionalidad, los descendientes directos en
segundo grado de mexicanos nacidos en territorio nacional.

Con  399 votos  a favor, cero en contra y una abstención los diputados votaron a favor un dictamen para que puedan obtener la nacionalidad mexicana aquellas personas que no nacieron en el país, pero que son descendientes directos en segundo grado de mexicanos nacidos en territorio nacional.

La residencia sería otorgada siempre y cuando el interesado no cuente con otra nacionalidad al momento de la solicitud; o bien no le sean reconocidos los derechos adquiridos a partir de su nacimiento, indica el dictamen.

La reforma a la fracción uno del artículo 20 de la Ley de Nacionalidad, busca facilitar los medios a los hijos de los connacionales que se encuentran fuera del territorio, a fin de que obtengan la nacionalidad mexicana, si así lo desean, teniendo la oportunidad de ingresar a nuestro país cuando lo requieran.

Señala que en caso de dejar el marco jurídico como se encuentran actualmente, muchas personas quedarían como apátridas y en consecuencia, sin el apoyo de las instituciones por no contar con un documento que compruebe su nacionalidad.

La presidenta de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, Norma Leticia Salazar Vázquez (PAN), dijo que la reforma busca ayudar  a los nietos de mexicanos que radican en los Estados Unidos, a obtener de forma expedita la nacionalidad mexicana cuando regresen a territorio mexicano ante la posible implementación de normas de carácter migratorio en aquel país.

Refirió que la aprobación de iniciativas antiinmigrantes que están siendo aprobadas en Estados Unidos, como la SB1070 en Arizona, la SB9 en Texas, la HB2372 en Kansas o la HB78 en Nuevo México, limitan los derechos de las personas.

“Es nuestra obligación revisar el marco jurídico para hacer  frente a los problemas que enfrentan miles de mexicanos deportados, para ayudar a que al regresar a territorio nacional puedan adquirir su nacionalidad, lo cual le permitirá acceder a servicios como la educación y salud”, dijo.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (PT) aseguró que la reforma protege a los nietos de indocumentados mexicanos que son expulsados de los Estados Unidos, para que en México  no tengan que acreditar el requisito de residencia de dos años cuando se trate de descendientes de mexicanos que no tengan otra nacionalidad o que sus derechos adquiridos no sean reconocidos.

“Aquí tendrían que hacer un enorme trámite, acreditar una residencia de dos años, por lo menos para obtener la nacionalidad mexicana”, señaló.

Subrayó que es importante que el gobierno plantee litigios ante la Corte Internacional de la Haya, para exigir el pleno reconocimiento de los derechos de los descendientes de inmigrantes.

El dictamen fue enviado al Senado de la República.

Serán difundidos por Internet y medios impresos
la lista de empresas que defrauden a consumidores

Para que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) publique en Internet y en los medios de comunicación los nombres y las sanciones a los proveedores de bienes y servicios que de manera reiterada cometan infracciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor, la Cámara de Diputados aprobó reformar dicho estatuto.

La reforma, avalada con 383 votos en pro, dos en contra y una abstención, adiciona un párrafo al artículo 129 para precisar que la publicación  deberá consistir en un extracto de la resolución que tome la Profeco, los hechos constitutivos de la infracción, el proveedor sancionado, así como la sanción impuesta.

Al fundamentar el dictamen, el diputado Alejandro Cano Ricaud (PRI) dijo que la reforma fortalece institucionalmente a la Profeco al ampliar sus herramientas para promover y proteger derechos del consumidor, al informar sobre los proveedores que de manera reiterada violenten  prerrogativas.

Consideró que servirá como incentivo para que los proveedores de bienes y servicios cumplan con la ley y no transgredan los derechos de los consumidores, pues la población podrá conocer quiénes son los que constantemente violan el marco jurídico.

En su turno, el diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez (PAN) señaló que con la reforma se da un paso importante hacia la protección de los derechos de los consumidores y se fortalecen las atribuciones de la Profeco  dado que informará sobre las causas de sanción a ciertos oferentes, lo cual dará mayor garantía  y certeza jurídica.

El diputado Jaime Cárdenas Gracia (PT) se manifestó en contra al considerar que las resoluciones debieran ser públicas una vez emitidas y no hasta que  se agoten todos los recursos.

“No hay compromiso con la publicidad y transparencia de los procedimientos, por eso yo votaré en contra porque no se privilegia el principio de máxima publicidad”, dijo.   

La reforma se envió  al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

Aprueban diputados Premio Nacional de Mérito Deportivo

Con 325 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones, la Cámara de Diputado avaló el dictamen para actualizar y transparentar los procedimientos de entrega del Premio Nacional de Deportes, y crear el Premio Nacional de Mérito Deportivo, para reconocer a las personas que hayan contribuido al fomento de esta práctica.

En el dictamen se señala que en el Consejo que otorga los Premios Nacional de Mérito Deportivo y el Nacional de Deportes estará representado el Poder Legislativo a través de los presidentes de las Comisiones de Juventud y Deporte de ambas Cámaras del Congreso de la Unión.

Además, se añade, en el Jurado del Consejo habrá un miembro del Comité Paralímpico y un medallista paralímpico, lo cual representa, para quienes conforman el deporte discapacitado, un amplio reconocimiento.

Con las reformas se suprime la excepción relativa a una segunda o más entregas de dicho premio en un mismo campo, dejando abierta la posibilidad de poderlo obtener en otro, con el objeto de recuperar el atractivo social del Premio Nacional de Deportes.

El presidente de la Comisión de Juventud y Deporte, diputado José Francisco Javier Landero Gutiérrez (PAN) expresó que los reconocimientos públicos que hace el Estado constituyen un medio fundamental para impulsar y fomentar el desarrollo y cohesión de la sociedad.

Dijo que el premio significa hacer un reconocimiento a todos los mexicanos que de manera excepcional aportan al deporte, para ello, se reestructura el contenido de la Ley del Premio Nacional de Deportes y se crea el Premio Nacional de Mérito Deportivo.

Con el primero, explicó, se premiarán a los deportistas profesionistas, no profesionales, paralímpicos, entrenadores, jueces y árbitros; con el segundo, a quienes fomentan, protegen o impulsan la práctica de los deportes, así también como aquellos que tengan una actuación y trayectoria destacada.

Aprobado en lo general y particular, el dictamen que reforma y adiciona la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, se mandó al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.